Tras las revelaciones de contratistas por pagos en dólares billete y gastos millonarios sin registrar, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita esperan el documento patrimonial clave. Crece la tensión en Casa Rosada.
El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una etapa de definiciones extremas. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita aguardan que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada completa durante el transcurso de esta semana, bajo la advertencia de que su situación procesal podría agravarse si continúan las dilaciones. La intimación judicial busca contrastar los ingresos oficiales del funcionario con una serie de millonarios gastos en efectivo y activos digitales detectados recientemente.
La investigación penal cobró una velocidad inusitada tras las declaraciones testimoniales de actores clave que intervinieron en los movimientos comerciales del entorno de Adorni. Las sospechas de la fiscalía se profundizaron luego de que el contratista Matías Tabar confesara ante la Justicia haber cobrado «245.000 dólares en efectivo y sin factura» por las lujosas refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
A este testimonio se sumó el de José Rodríguez, propietario de un inmueble en el mismo barrio privado, quien confirmó haber recibido del jefe de Gabinete otros 21.000 dólares en efectivo y billete en concepto de alquileres temporarios. Para los investigadores, este flujo de divisas resulta incompatible con los ingresos que el exvocero presidencial declaró desde el inicio de la gestión de Javier Milei, lo que motivó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.
El foco en las criptomonedas y la «carta» de la herencia
La Justicia no solo apunta al dinero físico. El fiscal Pollicita sigue de cerca los movimientos en billeteras virtuales y criptoactivos, tras detectar operaciones digitales que habrían superado los 100.000 dólares y que no figuran en las presentaciones patrimoniales previas del funcionario.
Como estrategia de defensa, el entorno de Adorni planea justificar el vertiginoso salto en su nivel de vida —que incluye costosas refacciones y viajes familiares de alta gama a destinos como Aruba, Nueva York y Madrid— mediante la sucesión de los bienes de su padre. Sin embargo, fuentes de los tribunales de Comodoro Py deslizan que la herencia acreditada hasta el momento consiste en un porcentaje menor de propiedades, un monto que resultaría insuficiente para saldar las inconsistencias bajo la lupa.
Malestar e internas en Balcarce 50
A pesar de que el presidente Javier Milei ratificó públicamente su blindaje hacia Adorni asegurando que «no le pedirá la renuncia», las repercusiones políticas del caso comenzaron a resquebrajar el frente interno de La Libertad Avanza. Ministros de primera línea y sectores aliados del PRO manifestaron en estricto ‘off the record’ un creciente malestar por la demora en la entrega de la documentación, argumentando que el escándalo «opaca los anuncios oficiales de la gestión» y paraliza la agenda parlamentaria.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las voces que expuso públicamente la fractura al exigir una «resolución inmediata» de la situación patrimonial del ministro coordinador. Mientras el oficialismo intenta capear el costo político, los plazos judiciales se agotan. De no mediar una justificación documental sólida y transparente en las próximas horas, en los pasillos de Comodoro Py ya se evalúa fijar una fecha para citar al jefe de Gabinete a declaración indagatoria antes de que concluya el mes.
